El senador entrerriano Edgardo Kuieder plantó bandera en el Senado. Junto a sus colegas Mera y Espínola propusieron que descuenten parte de sus ingresos para contribuir con la emergencia sanitaria, pero sus compañeros de bancada pretendían hacerlo discrecionalmente.

Enrique Susevich, excajero de Cambiemos y extitular de Anses Paraná –quien reconoció en la Justicia haber desviado fondos públicos-, le reclama al gobierno nacional, en plena pandemia, una indemnización porque desde el 10 de diciembre ya no es funcionario. Pertenece al partido político que promueve cacerolazos para exigir rebaja de sueldos políticos.

El recorte a la política empezó en los gobiernos provinciales. Algunos incluyeron a los funcionarios y al Poder Judicial y pidieron a los empresarios un gesto similar. El gobernador entrerriano figura entre los pocos mandatarios que tomaron esta medida.

El diputado provincial Néstor Loggio dijo que la decisión del gobierno macrista de desmantelar el programa “Conectar Igualdad” fue un “crimen” cuyas consecuencias se están pagando en estos momentos de emergencia.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que preside Blanca Osuna, mantuvo una reunión informativa con el ministro de la Nación, Nicolás Trotta. Se aportaron propuestas para esta etapa.

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Ángel Giano, emitió un comunicado para concientizar a la población respecto de la pandemia del coronavirus.

El radicalismo entrerriano apoyó las medidas anunciadas por el gobierno nacional y acompaña el proceso provincial para combatir la pandemia del coronavirus. “La salud está por encima de cualquier diferencia ideológica”, resumen desde la UCR.

Los aportes de jueces y diplomáticos pasan del 11 al 18 por ciento y la edad jubilatoria subirá año a año hasta llegar a los 65 años. La ley prohíbe que los jueces que se jubilaron puedan ser llamados a subrogar.

Se trata de Maximiliano Rodríguez Paulín, un concejal macrista de Paraná, que pidió al intendente actual que “declare la emergencia por violencia de género” en la ciudad,  siendo que ya está vigente hace 4 años. La ordenanza se sancionó en la gestión anterior, cuando Paulín era empleado del exconcejal Emanuel Gainza.

La legisladora entrerriana, de dilatada trayectoria en materia de Educación, aseguró que “será un orgullo presidir esta Comisión una vez más”, y agregó que “debemos reconstruir el país con un ideal educativo en donde el  derecho a la educación sea la prioridad”.

Tras la denuncia penal contra las administraciones anteriores, efectuada por el actual intendente peronista Gustavo Bastian, desde el vecinalismo local lo trataron de representante de “la vieja política” y desmienten irregularidades.

La diputada nacional del Frente de Todos (ER), Blanca Osuna, se reunió con el ministro Tristán Bauer y avanzaron sobre diversas cuestiones inherentes a temas culturales y a iniciativas legislativas vinculadas a la temática.

El intendente peronista de esa ciudad, Gustavo Bastian, denunció penalmente irregularidades detectadas en obras públicas contratadas por los anteriores gobiernos vecinalistas de Irma Monjo y el exsenador Pablo Canali, a la empresa concordiense Galvani Construcciones SRL, que fueron entregadas sin terminar y cuya documentación desapareció.

 “No fuimos consultados, no adherimos al cese de comercialización que es una verdad de Perogrullo porque la mayoría no tenemos nada para vender - la cosecha inicia en 15 días-. Es un verdadero paro dominguero”, declaran productores y cooperativas vinculadas a la Federación Agraria.

El bloque de concejales del Frente Creer quiere explicaciones del intendente, Carlos Weiss, “por la cantidad de contratos aprobados para el actual ejercicio” mientras se recortan gastos en salud y educación públicas. Afirman que es “alarmante” la deuda en dólares contraída por el exintendente Uriel Brupbacher.