Lo hicieron con porcentajes que van del 1,6% al 2,9%, adelantándose a cualquier criterio de transparencia y sin esperar la publicación oficial del INDEC.
Una vez más, el negocio de la salud privada demuestra que su lógica no es cuidar la salud, sino blindar sus ganancias.
En contraste, las obras sociales sindicales —esas que el movimiento obrero conquistó y sostiene con el aporte de los trabajadores— no aumentan sus cuotas más allá de lo que indican las paritarias salariales. Es decir: si el salario sube, el aporte crece, pero siempre en relación directa a la capacidad de pago de los trabajadores y trabajadoras, no a la especulación financiera.
El negocio frente al derecho
Las prepagas, amparadas en la desregulación que impulsó el gobierno de Milei, han convertido la salud en una mercancía más. Sus incrementos constantes expulsan a miles de familias que, después de años de pagar, se ven forzadas a abandonar su cobertura. Mientras tanto, las obras sociales sindicales sostienen hospitales, clínicas y centros de atención que atienden a sus afiliados sin discriminar por edad, preexistencias o ingresos.
La diferencia no es menor: para una prepaga, un paciente mayor o con enfermedades crónicas es un “costo”. Para una obra social, es un compañero que merece cuidados y respeto.
Hoy, mientras las prepagas se adelantan a la inflación para maximizar utilidades, las obras sociales siguen priorizando la salud sobre el negocio, a pesar de las dificultades económicas y la caída del poder adquisitivo.
Defender lo nuestro
La avanzada del mercado sobre la salud no es casual: busca quebrar un sistema solidario para reemplazarlo por uno puramente comercial. Los trabajadores debemos entender que cada cuota sindical, cada aporte, es un ladrillo más en la construcción de un sistema que nos pertenece y que debemos defender.
Mientras las prepagas hacen números para sus accionistas, las obras sociales siguen garantizando lo que para nosotros no es un privilegio, sino un derecho humano básico: la salud.
Fuente: Página 12.
