La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) lanzó un fuerte pronunciamiento político en defensa de la educación pública y reclamó respuestas frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional. A través de una declaración consensuada por el Consejo Superior, con representación de las nueve facultades y de los distintos claustros, la institución advirtió que el deterioro presupuestario compromete no solo el funcionamiento académico, sino también las posibilidades de desarrollo futuro de la provincia.
El documento expuso la magnitud del ajuste y sus consecuencias: según las cifras citadas por la universidad, el presupuesto universitario nacional acumularía en 2027 su cuarto año consecutivo por debajo de los niveles reales de 2023, con una caída cercana al 27%, mientras que las becas y transferencias destinadas a estudiantes registrarían un recorte superior al 75%. En el sistema científico-tecnológico, la reducción real rondaría el 48%. Para la UNER, el escenario pone en riesgo la formación profesional, la investigación y los vínculos que la universidad sostiene con municipios, escuelas, cooperativas y sectores productivos.
La declaración también apuntó directamente a la política entrerriana. La UNER solicitó al gobernador Rogelio Frigerio que convierta la situación de las universidades nacionales en una cuestión de Estado provincial y convocó a los legisladores nacionales por Entre Ríos a revisar las partidas destinadas al sistema universitario y científico durante el debate del Presupuesto 2027. El planteo coloca a las autoridades provinciales y a los representantes parlamentarios ante la necesidad de fijar una posición frente al ajuste impulsado por la Nación y sus efectos sobre la educación superior.
Con el lema “Sostener la universidad es invertir en el futuro”, la institución llamó además a la sociedad entrerriana a involucrarse en la defensa de la educación pública y exigió al Poder Ejecutivo nacional el cumplimiento íntegro de la Ley 27.795, en los términos ordenados por la Justicia Federal.
La advertencia excede el reclamo salarial o presupuestario: la universidad sostiene que cada beca perdida, cada actividad suspendida y cada estudiante que no logra continuar sus estudios representan una oportunidad menos para el desarrollo de la provincia. El mensaje, así, busca trasladar la discusión del gasto público al terreno de las prioridades políticas y del futuro de Entre Ríos.
Fuente: Noticiauno