El proyecto reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece la posibilidad de convenios entre provincias y Nación para financiar los gastos vinculados. Aún resta votarse en el Senado.

El exgobernador Gustavo Bordet manifestó su coincidencia con la postura de UNICEF y de la Defensoría General de la Justicia entrerriana respecto a la inconveniencia de reducir la edad de imputabilidad penal.

Tras las quejas dadas a conocer por representantes de la Policía, que afirmaron que hace 10 meses no recibían aumentos y que podían llevar a cabo medidas en un mes, desde el gobierno de Rogelio Frigerio determinaron un incremento en los sueldos.

El bloque de diputados oficialistas votó a favor de bajar la edad de imputabilidad. Es decir, Beltrán Benedit, Andrés Laumann y Francisco Morchio. También acompañaron la propuesta  Alicia Fregonese (PRO),  Darío Schneider (UCR). En contra lo hicieron los integrantes del Bloque de Unión por la Patria: Gustavo Bordet, Guillermo Michel, Blanca Osuna, y Marianela Marclay.

“Venimos reuniéndonos con los sindicatos y contándoles un poco los números, la evolución, los desafíos del sistema. Y el tema de la reforma, por mandato del Gobernador, está siendo incluido en la agenda. Estamos intensificando esas reuniones”, explicó Bagnat.

El oficialismo logró la media sanción de la Reforma Laboral. El proyecto obtuvo 42 votos a favor y receptó parte de los cambios pedidos por la CGT, los gobernadores y sus principales aliados. El peronismo, sin fisuras, rechazó la iniciativa.

El miércoles 18 de febrero a las 9 comenzará en Concepción del Uruguay el debate en el marco del legajo “Ruiz Orrico, Juan Enrique s/Homicidio culposo agravado”. Las audiencias se realizarán en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero.

El autor sostuvo que el nuevo proyecto “viene a corregir los errores cometidos en el proyecto de Ley N° 28.647, de mi autoría, presentado el 23 de septiembre del año 2025. Las correcciones apuntan a garantizar la plena constitucionalidad del cobro de la tasa vial para el transporte de cargas y neutralizar cualquier interpretación que la catalogue como una ‘aduana interior’ o una restricción al libre tránsito…”.

“Es lógico que el Colegio de la Abogacía ejerza la defensa corporativa del conjunto de sus matriculados. Ahora bien, esa legítima defensa no puede desconocer una realidad que es de público y notorio conocimiento, y que excede largamente el plano de las interpretaciones o valoraciones subjetivas: existe una industria del amparo en Entre Ríos”, enfatizó el senador provincial Gustavo Vergara (JxER).

El gobernador Rogelio Frigerio defendió la propuesta del Poder Ejecutivo antes de que inicie el debate en el Congreso de la Nación y pidió quitar tributos “distorsivos”. En tanto, resaltó que Ganancias “no es el peor impuesto que tenemos en la Argentina”

El defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, manifestó su rechazo a la modificación de la Ley Penal Juvenil en los términos que propone el Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso de la Nación. Dio cuenta de las razones estadísticas y legales por las cuales no es conveniente una reforma de esas características.

Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad reiteraron su preocupación por las dificultades que viene teniendo el sistema de obra social para dar respuesta a las necesidades de salud de las y los trabajadores entrerrianos.

El sindicato mayoritario de la educación entrerriana reclama una convocatoria inmediata para discutir salarios, estabilidad laboral e infraestructura escolar, a pocos días del inicio del ciclo lectivo.

 

Mediante el DNU 88/2026, publicado en el Boletín Oficial, Milei dispuso la liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la creación de entidades separadas para atender las necesidades específicas de personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Federales de Seguridad.

Daniel González, alias «Gonzalito» o «Pajarito», continúa siendo trabajador de la Biblioteca del Congreso de la Nación. El organismo lo confirmó a través de un pedido de acceso a la información pública, ya que su nombre aparecía en la web oficial como integrante de la plantilla. La Justicia entiende que fue una pantalla para ocultar el crecimiento patrimonial irregular del ex senador Edgardo Kueider.