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15/09/2017

Los fiscales piden más de 5 años de prisión para Canosa, tras investigación de NOTICIAUNO

El expresidente de Sidecreer, Juan José Canosa, está acusado del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por las contrataciones millonarias con las que benefició a familiares y amigos durante su gestión al frente de la tarjeta estatal, tal como lo reveló la investigación de este medio.

 

En la audiencia que se llevó adelante este jueves ante la jueza de Garantías Susana María Paola Firpo, la magistrada informó que en un plazo de cinco días se conocerá la resolución que dispone la elevación a juicio oral de la causa contra el exfuncionario de Sergio Urribarri.

A partir de los datos revelados por NOTICIAUNO, Canosa fue imputado por realizar contrataciones millonarias con familiares directos y amigos entre los años 2007 y 2015, cuando estuvo al frente de la administración de la tarjeta estatal.

 

Los estrechísimos vínculos familiares con Juan José Canosa permitieron a dos proveedores -de insumos informáticos” y “textiles”- cobrar de Sidecreer CASI UN MILLÓN DE DÓLARES en ese lapso de tiempo.

Canosa compró a su hermano, Carlos Alberto Canosa, a través de la suegra de éste, Mirta Graciela Gueler, U$S 262.300 en indumentaria y uniformes para el personal de Sidecreer.

También compró a su cuñada, Alicia Susana Cuestas (pareja de Carlos Alberto Canosa), y a la hermana de ésta, María José Cuestas, y al esposo de esta última, Diego Aníbal Urba (amigo personal de Juan José Canosa), a través de la firma santafesina Excelcom SA otros U$S 635.000 dólares en insumos informáticos.

Mirta Gueler, suegra del hermano de Juan José Canosa, es la madre de María José y Alicia (presidenta y directora de Excelcom SA respectivamente), y es suegra también de Diego Urba, otro integrante de la sociedad anónima, amigo personal de Juan José Canosa y concuñado de Carlos Alberto Canosa, según la documentación que reveló NOTICIAUNO. Mirta Gueler es una persona muy conocida ya que su esposo Néstor Cuestas, padre de María José y Alicia (suegro de Carlos Canosa y Diego Urba) es uno de los ilustres Hermanos Cuestas.

La investigación periodística demostró así que la trama familiar cerraba por completo, y que las familias Canosa- Cuestas- Gueler y Urba se beneficiaron con suculentos pagos de la Tarjeta de los entrerrianos que atravesaba uno de los peores momentos económicos desde su creación.

Durante la audiencia realizada este jueves, el fiscal Juan Malvasio sintetizó: “Se ha agotado la investigación penal preparatoria y existen elementos de convicción suficientes para dar por acreditados los hechos” y la autoría del delito por parte de Canosa, a quien “se le atribuye que, como presidente de Sidecreer, desde el 21 de diciembre de 2007 y hasta el 10 de diciembre de 2015, vulneró el principio de imparcialidad, al contratar insumos informáticos” con la firma Excelcom SA, de la cual forman parte la esposa de su hermano Carlos Canosa, Alicia Cuestas, la cuñada de su hermano, María José Cuestas, y el esposo de la cuñada de su hermano, Diego Urba. Y que contrató con la empresa de su hermano Carlos Canosa (la firma Texmer), y la suegra de éste, Mirta Gueler.

Con Excelcom contrató en “15 oportunidades”, por montos de 936.695 pesos, y 716.059 dólares, y con la firma Texmer contrató “7 veces”, por un monto de $1.127.286. Y con la constructora JDR, de José Daniel Romero, que está casado con María del Carmen Paul (hermana de la madre de Juan José Canosa, y por lo tanto su tío político), contrató “9 veces”, por 107.949 pesos, acreditó la Fiscalía.

“La Fiscalía entiende que estos hechos encuadran en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, ponderó Malvasio, y por eso consideró que a Canosa le correspondería, una vez concluido el juicio oral y hallado culpable “la pena de 5 años y 6 meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.

La Fiscalía aseguró asimismo que hubo “plena conciencia del proceder” por parte de Canosa, quien es abogado, lo que consideró como un “agravante”. El único “atenuante”, es que Canosa no tiene –antes de este proceso- antecedentes penales.

Cabe recordar que sobre Canosa pesa además otra imputación por enriquecimiento ilícito que tramita en un legajo separado. Se espera que la fecha del juicio para el ex titular de Sidecreer sea dada a conocer en el transcurso de un mes, aproximadamente.

 

El fiscal Juan Malvasio presentó como testigos, entre otros, al periodista Martín Carboni (uno de los directores de NOTICIAUNO), al senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos), que  presentó la denuncia a partir de la investigación de ese medio, a la delegada judicial Constanza Bessa, que fue quien encabezó el allanamiento a la casa del extitular de Secreer, Carlos Canosa, en el barrio privado Santa Cándida; Fernando Ferrari, del gabinete de informática forense; Silvia Kupervaser, actual vicepresidenta de Sidecreer; Federico Tomas, presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos; Horacio Bechara, extitular de Sidecreer; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; Aurelio Miraglio, contador general de la provincia; Alberto Fernández, director de Ceremonial; el actual presidente de Sidecreer, Tomás Proske; y los periodistas Horacio Barrionuevo y Ricardo David.

La defensa pidió que se citen como testigos a Pedro Raiteri, exgerente general de Sidecreer; Luis César Sonnaillón y Alfredo Muzachiodi, síndicos de la tarjeta; y, entre otros, María Gabriela Vergara, gerente general de Sidecreer.

 

Coimputados con probation

Los familiares y amigos de Juan José Canosa con los que contrató desde Sidecreer fueron también imputados como partícipes en el delito de negociaciones incompatibles.

La jueza Paola Firpo aprobó la suspensión del juicio a prueba (probation) solicitado por los abogados defensores para cinco familiares, amigos y allegados al ex titular de Sidecreer, quienes resultaron beneficiados con millonarias contrataciones, pero no eran funcionarios públicos al tiempo de las contrataciones.

Los familiares del ex funcionario deberán cumplir tareas comunitarias a favor de instituciones de bien público, tal como lo acordaron sus defensores con los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo.

Diego Urba y María José Cuestas: propietarios de la firma Excelcom SA, acordaron el pago de 5.000 pesos en concepto de reparación –a pesar de que se dejó expresamente aclarado que no hubo un perjuicio contra el erario público– y cumplirán tareas comunitarias durante un año a beneficio de la fundación “Los sin techo”, que tiene a su cargo el programa educativo “Volver a estudiar” para personas que no han podido completar el secundario en Santa Fe. La propuesta es para dictar cursos de informática on line cuatro horas cada quince días. Además, se comprometieron a donar dos computadoras para los estudiantes.

Carlos Alberto Canosa y Mirta Graciela Gueler: que tienen un taller de costura y confección de indumentaria, accedieron a realizar arreglos, elaborar ropa o lo que fuera necesario a requerimiento de la Oficina de Medios Alternativos del Poder Judicial, durante un año y medio, dos horas semanales.

José Daniel Romero: realizará tareas de albañilería, electricidad, pintura y carpintería también a requerimiento de las necesidades que le surjan a la Oficina de Medios Alternativos, durante un año y medio, dos horas a la semana.

Fuente: Noticiauno

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