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25/10/2018

La estafa en la Legislatura se estima en más de 1.200 millones de pesos

Este miércoles se levantó el secreto de sumario sobre la causa de los contratos truchos en la legislatura provincial. La maniobra habría generado un perjuicio millonario al Estado. Entre los imputados hay dos senadores nacionales, Pedro Guastavino y Sigrid Kunath.

 

Los fiscales creen que el escándalo de los contratos truchos en la Legislatura le ha generado a las arcas públicas un perjuicio de 1.235 millones de pesos y que la asociación ilícita viene funcionando de manera ininterrumpida desde enero de 2008 en la Cámara de Senadores y desde diciembre de 2011 en la Cámara de Diputados.

No aparecen mencionados los nombres del vicegobernador Adán Bahl, ni sus antecesores José Cáceres y José Eduardo Lauritto; tampoco el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, ni quien lo precedió en el cargo, José Ángel Allende. Sin embargo, todos serán convocados a que presenten abogado defensor y algunos, de hecho, ya lo hicieron, dado que la justicia investiga irregularidades que habrían ocurrido entre 2008 y 2018.

Quienes sí están formalmente imputados son los senadores nacionales Pedro Guillermo Gustavino y Sigrid Kunath, que tenían como contratadas a varias de las personas que integraban esta asociación ilícita. También se formularon cargos contra el actual presidente del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona; y Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri.

Los investigadores también hicieron hincapié en la omisión de controles por parte de auditores, revisores y fiscales del Tribunal de Cuentas como factor indispensable para que la estafa pudiera consumarse.

Este miércoles se levantó el secreto de sumario de la causa que tomó estado público a partir de los allanamientos en dos estudios contables, en el marco de una investigación que lleva adelante la Justicia, y que puso bajo la lupa a los integrantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados de la provincia.

 

¿Cómo era el mecanismo?

Se realizaban contrataciones de personas que no hacían ninguna prestación y percibían una ínfima parte de lo acordado, mientras que el resto quedaba en manos de la organización que gestionaba esos contratos.

De acuerdo con la imputación formulada por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, en el ámbito legislativo se creó un sistema de recaudación fraudulento a través de contratos a favor de “prestanombres” a los que se les hacía firmar por montos de entre 35.000 y 50.000 pesos, pero se les entregaban sumas muy menores, que oscilaban en el orden de los 1.500 y 2.000 pesos. A su vez, otra supuesta ventaja para los “prestanombres” era que se les pagaba el monotributo, lo que les permitía, por ejemplo, tener una obra social.

Este sistema, creen los fiscales, habría comenzado a funcionar en el ámbito de la Cámara de Senadores en enero de 2008, con un número aproximado de cien contratos, que en ese momento eran por sumas de alrededor de 4.500 pesos; y en la Cámara de Diputados se habría iniciado después del 11 de diciembre de 2011, con contratos por sumas de unos 5.000 pesos. Así, entre ambas cámaras, se llegaron a firmar unos 350 contratos de obra, hasta que se descubrió el mecanismo, el 20 de septiembre pasado.

 

La evolución del sistema

El pago a esos contratados se hacía a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas cámaras legislativas. Ellos tenían el manejo de los fondos para el pago de esos contratos y, además, contaban con la facultad funcional de emitir los cheques y, más acá en el tiempo, de generar la apertura de las cuentas sueldo para los contratados.

Los integrantes del mecanismo fraudulento eran quienes recibían los cheques y luego se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por personas allegadas.

Una vez que se libraban los cheques, esas personas debían concurrir a una tómbola o hasta una playa de estacionamiento donde se los repartían para su cobro.

A partir de 2017 el sistema se bancarizó y, por ende, a algunos de los contratados se les habilitó una cuenta sueldo y la correspondiente tarjeta de débito, que administraban varios integrantes de la asociación ilícita.

 

En el marco de la investigación, hace dos semanas los fiscales solicitaron a la Legislatura que les remita todos los contratos de los últimos diez años. La Cámara de Diputados rechazó el plano el requerimiento aludiendo a que la medida era “desproporcionada” y que no se fundamentaban “las razones para justificar la requisitoria (de modo) que permitan evaluar la razonabilidad de lo solicitado”. El Senado, en cambio, tomó los mismos argumentos para también pedir precisiones, pero anunció que se pondría a disposición de la Justicia.

 

Fuente: Paginajudicial

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