Un proyecto de resolución que ingresó el miércoles 10 a la Cámara de Diputados instó al Poder Ejecutivo de la provincia que “ante la crueldad y la inhumanidad que caracterizan este Gobierno Nacional que se hace evidente no sólo en sus políticas, sino también en las irregularidades que rodean su accionar administrativo, nuestro Gobierno Provincial debe marcar un rumbo claro y exigir la transparencia, legalidad y compromiso con los derechos humanos, la protección de los derechos de las personas con discapacidad y la acción positiva de reclamar la restitución del beneficio a los entrerrianos y entrerrianas a quienes se les ha arrebatado su pensión por invalidez de forma irregular, tal como hicieron los Gobernadores en otras Provincias”.
El pedido instó al Poder Ejecutivo a que “realice las gestiones necesarias para reclamar la restitución de las pensiones a personas con discapacidad suspendidas en la Provincia de Entre Rios, a través de los recursos administrativos y/o judiciales que estime pertinentes”. En la previa, el Congreso de la Nación rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley que aprobó el financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)
Fundamentos
La diputada sostuvo que “el presente proyecto se inscribe en el marco de la emergencia en discapacidad que atraviesan nuestro país y la provincia de Entre Ríos, situación que ha motivado la presentación de iniciativas tanto en el Congreso Nacional como en esta Legislatura provincial. Cabe recordar que, en Entre Ríos, se encuentra pendiente de tratamiento en comisión un proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio provincial, lo cual demuestra la magnitud y urgencia del tema que hoy vuelve a requerir nuestra atención”.
Arrozogaray expresó que “las Pensiones No Contributivas por invalidez han sido concebidas como una herramienta de protección social destinada a personas que, además de atravesar una situación de discapacidad, se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad económica y social. De este modo, el Estado reconoce la necesidad de compensar las barreras que estas personas enfrentan para ejercer sus derechos y alcanzar una vida digna. La efectiva implementación de estas pensiones se ha sostenido históricamente en una red de contención local compuesta por municipios, instituciones y organizaciones que brindan acompañamiento en materia de vivienda, traslados, alimentación, vestimenta y cuidados”.
Finalmente sostuvo que “recientemente, sin embargo, se han constatado graves irregularidades en el procedimiento de revisión y control de las PNC por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad. Diversas denuncias periodísticas y presentaciones judiciales han puesto en duda la transparencia y legalidad de las actuaciones del organismo. Y, en el caso puntual de las auditorias, se han señalado errores administrativos tales como la falta de notificación adecuada a los beneficiarios, la fijación de auditorías en lugares inaccesibles para personas con movilidad reducida y la ausencia de criterios claros que garanticen el respeto al debido proceso y a los derechos adquiridos”. (APF)
