Este martes una multitud le pidió al gobernador, Gustavo Bordet, a los legisladores provinciales, a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y a los secretarios de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de Ambiente y de Producción, que se declare la emergencia sanitaria en la provincia.
Con el lema “Entre Ríos Sí, Entre Venenos No” y con la consigna “¡Basta es basta!”, una nutrida manifestación llegó hasta la explanada de la Casa de Gobierno en Paraná para pedir que se ponga un freno a la fumigación indiscriminada.
“Ante el alarmante número de muertes de niños y niñas de nuestra provincia; ante la existencia de estudios científicos que dan cuenta de la evidencia sobre la contaminación en suelo, aire y agua en localidades entrerrianas, y frente a los ya inocultables casos de enfermedades y muertes directamente relacionadas a la exposición directa o indirecta de los venenos utilizados en la producción agroindustrial imperante en nuestro territorio, nos declaramos en luto por tiempo indeterminado”, comienza el comunicado que firman unas cien organizaciones.
El reclamo es que se dé tratamiento inmediato y se apruebe el proyecto de ley N° 21.023 de Emergencia Sanitaria parado en la Legislatura provincial, que cuenta con media sanción y que, según indicaron fuentes legislativas a NOTICIAUNO sería tratado el 29 de noviembre en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
El proyecto, de autoría del exlegislador César Melchiori, establece un nuevo marco jurídico para los productos químicos y biológicos empleados en la protección, crecimiento y desarrollo de todas las especies de producción agrícola y forestal, y de la preparación de suelos destinados a la siembra y plantaciones, “con el fin de resguardar y proteger la salud humana, la biodiversidad y los recursos naturales”.
La iniciativa prohíbe "en todo el territorio provincial las pulverizaciones aéreas de productos químicos o biológicos, cualquiera sea el producto activo o formulado, así como su dosis".
Las organizaciones piden la prohibición en todo el territorio provincial de la fumigación aérea con productos sintéticos, atento a las características geográficas, con más de 41.000 kilómetros de arroyos y ríos, “que nos llevan a no poder evitar la deriva primaria, secundaria ni terciaria y sus efectos directos en la salud de las poblaciones y ecosistemas de los cuales se abastecen”.
También se exigió aprobar una ley de fomento y desarrollo de sistemas de producción agroecológica, que prevea financiamiento para capacitación y líneas de créditos para los productores para que puedan reacondicionar los campos y que se les asegure franjas de seguridad suficientes para que sus producciones no sean contaminadas por las actividades linderas que todavía usen agrotóxicos.
La movilización reclamó que se efectúe un relevamiento sanitario georreferenciado de enfermedades agudas, graves y crónicas; que se elabore un programa de monitoreo constante de la salud de los trabajadores y pobladores rurales, como actores afectados directos por el uso de agrotóxicos; y que se actualice y se brinde prioridad al correcto funcionamiento del Registro Provincial de Tumores, sistematizando estadísticas oficiales tanto de diagnóstico como de fallecimientos por esta causa.
Finalmente, exigieron la inmediata implementación de un estudio de las tomas de agua y un mapeo de las áreas de recarga de los acuíferos de las diferentes localidades de la provincia, con el fin de detectar o descartar la presencia de agrotóxicos, atento a que diversos estudios científicos han detectado presencia de los mismos en cursos de agua superficial y agua de lluvia.
El reclamo es sintomático de la situación que vive buena parte de la población entrerriana, en una de las regiones más fumigadas con glifosato del mundo. “Nosotros decimos que lo que enferma está en el aire, en el agua, en lo que comemos, por eso en Gualeguaychú nadie toma agua de la canilla”, dijo a Tiempo Susana Olivera, fundadora de la ONG Donar en Vida.
