Martes, 19 de Junio de 2018 | 17:08:14
30/05/2018

Urribarri y Báez cerca del juicio por “negociaciones incompatibles con la función pública”

Tras el rechazo de la recusación al juez Ruhl en la causa que investiga al exgobernador Sergio Urribarri y al exministro Pedro Báez por direccionar campañas publicitarias en favor de una imprenta del cuñado del exmandatario, se espera que el viernes se realice la audiencia de elevación a juicio.

 

Un tribunal provincial rechazó nuevamente la recusación del juez José Eduardo Ruhl en la causa donde se investiga el direccionamiento de campañas publicitarias en la vía pública a favor de la imprenta de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador.

En esta causa, los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa adelantaron que solicitarán para Urribarri, Báez y Aguilera una condena de ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública, por un monto total de 24.204.918,69 pesos. 

 

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Los jueces Daniel Malatesta, Rafael Cotorruelo y Gustavo Pimentel consideraron que no había razones para apartar al Juez de Garantías, del mismo modo que lo había hecho un tribunal unipersonal y un tribunal de casación. También señalaron que no estaba afectada la imparcialidad del magistrado; que la resolución mediante la cuales se dispuso el embargo sobre los bienes de Urribarri, Báez, Aguilera y el resto de los imputados por 26 millones de pesos estaba “fundamentada en profundidad” y que tampoco se advertía que haya adelantado opinión respecto de si correspondía o no el sobreseimiento.

“El temor de ausencia de imparcialidad no se encuentra presente”, respondió el tribunal al planteo efectuado por los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, en representación de Urribarri.

Cabe recordar que Urribarri dijo sentir una “pérdida de confianza en el sistema de justicia” luego de que el juez Ruhl dispusiera el embargo preventivo de sus bienes y rechazara la excepción por falta de acción invocada por sus defensores bajo el argumento de que el Ministerio Público Fiscal no tiene facultades para investigar los actos de gobierno porque han sido aprobados por los organismos de control. Según Urribarri, ambas resoluciones carecían de fundamentación y en ellas el juez había adelantado una opinión respecto de si correspondía o no su sobreseimiento en la causa. Sin embargo, el tribunal sostuvo que el juez Ruhl actuó “con la mayor imparcialidad en su accionar y conforme a derecho” y que magistrado había resuelto “conforme al análisis y evaluación en profundidad”.

“Las causales invocadas para el apartamiento de ningún modo se encuentran presentes; no existe atisbo alguno de parcialidad ni de anticipo de opinión”, acotaron los jueces Malatesta, Cotorruelo y Pimentel en la audiencia pública donde expusieron brevemente los fundamentos de una resolución que consta de 37 páginas.

También se rechazó por “inadmisible” el planteo de inconstitucionalidad efectuado por el abogado Ignacio Díaz, defensor del exministro Báez, respecto de dos artículos del Código Procesal Penal de Entre Ríos por considerar que la norma vedaba a las partes la doble instancia de apelación ante la justicia provincial de la recusación del magistrado.

En cuanto a la denuncia promovida por Urribarri contra el magistrado ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), los jueces consideraron que al no haber constancias de que haya sido admitida ni siquiera ameritaba el tratamiento.

Esta resolución habilita a que se realice la audiencia de remisión de la causa a juicio, prevista para el próximo viernes 1 de junio, donde el juez Ruhl, controlará el cumplimiento de los requisitos de la acusación y la regularidad de la investigación; y los fiscales y defensores expondrán cuáles son las pruebas testimoniales y documentales que pretenden reproducir en el debate oral y público.

En esta causa, los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa adelantaron que solicitarán para Urribarri, Báez y Aguilera una condena de ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública, por un monto total de 24.204.918,69 pesos. La acusación también alcanza a Emiliano Oscar Giacopuzzi, Luciana Belén Almada –esposa de Aguilera–, Alejandro Almada –cuñado de Aguilera–, Maximiliano Romeo Sena; la contadora Corina Elizabeth Cargnel; el empresario Hugo Fernando Montañana; y el ex funcionario Gustavo Tamay.

En tanto, el empresario Jesús José María Bustamante admitió su culpabilidad en un juicio abreviado en el que fue condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional.



 

 

Fuente: Página Judicial

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