La Extinción de Dominio es una figura jurídica que viene siendo reclamada con insistencia por el Gobierno y sectores sociales, porque permitiría al Estado convertirse en titular de los bienes obtenidos por medio de actividades ilícitas, pero el oficialismo no logró llegar a un acuerdo con la oposición sobre el tema. Cambiemos impulsaba un proyecto de Federico Pinedo que le otorgaba al fuero civil la potestad de dictar la extinción de dominio en medio de una causa penal, incluso antes de que haya condena, pero además establecía que esta figura podía aplicarse a las causas que ya estén en curso o ante hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Pero el Bloque Justicialista se opuso, en base a que la jurisprudencia indica que las leyes penales no pueden ser retroactivas.
El proyecto de Cambiemos inscribía esta medida en el fuero civil, mientras que la iniciativa aprobada por el justicialismo la ubica en las potestades del juez penal.
El proyecto del peronismo sostiene que la extinción de dominio debe ejecutarse en el fuero penal una vez que exista una sentencia de primera instancia, aunque establece un "decomiso anticipado" para que los imputados en una causa no puedan disponer de los bienes en cuestión mientras continúe el proceso.
Cambiemos rechazaba el proyecto del Bloque Justicialista, pero no contaba con los votos suficientes para imponer el suyo y, frente a este escenario, la bancada que preside Miguel Pichetto unió fuerzas con el Frente para la Victoria para avanzar con su iniciativa. Este acuerdo implica incluir en el proyecto algunos puntos que el kirchnerismo contempló en su propio proyecto, que tuvo dictamen de minoría en la Comisión de Justicia, y que apunta a que la figura de la extinción de dominio alcance también a los delitos económicos.
El tema estuvo trabado desde hace dos años en el Senado, dado que en 2016 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de extinción de dominio pero la Cámara alta nunca lo trató porque el Bloque Justicialista consideró que tenía varias falencias. Debido a la creciente presión ejercida por el oficialismo para la sanción de esta ley (bajo el lema "recuperar lo robado", en alusión a los presuntos hechos de corrupción de la administración kirchnerista) el justicialismo presentó su propia iniciativa. Y ahora será la Cámara de Diputados la que vuelva a tratar el asunto.
Fuente: Perfil
