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17/02/2020

Funcionarios macristas no quieren renunciar y piden millonarias indemnizaciones al Estado

Decenas de directores de empresas públicas nombrados por Macri están atrincherados en sus cargos. Reclaman resarcimientos millonarios (por el uso de cocheras, gastos de representación y hasta pasajes para empleados). Algunos reclamos superan los 10 millones de pesos por cada mes que estuvieron en la función pública y hasta la doble indemnización dispuesta por Alberto Fernández para los trabajadores privados.

 

A dos meses de iniciado el nuevo gobierno, la transición sigue trabada en muchas áreas. Tanto en la administración pública como en las empresas estatales. Circulan juicios en reclamo de doble indemnización (una medida dispuesta por Alberto Fernández a los pocos días de asumir para el empleo privado), hay gerentes que se pegan a su cargo, y hasta denuncias macristas por persecución ideológica.

Dos semanas antes de abandonar la Casa Rosada, Mauricio Macri creó por decreto un régimen para funcionarios jerárquicos. El 788 les garantizaba estabilidad a los directores generales por cinco años. Además, aumentaba sensiblemente las indemnizaciones. Se trató de un acuerdo realizado entre el macrismo y el gremio UPCN, resistido por ATE. Esa decisión beneficiaba a unos 3.500 empleados, de los cuales unos 2.500 habían entrado bajo gestión macrista.

Pero tras el cambio de gobierno, el Frente de Todos suspendió el decreto para revisar caso por caso. En el medio, unos dos mil empleados jerárquicos ya presentaron la renuncia. El resto se mantiene dentro de la administración pública.

Por fuera del organigrama estatal, se encuentran las empresas públicas: por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, Vialidad Nacional, Arsat, la TV Pública, PAMI y ANSES.

El presidente nombrado por Macri en Arsat, Raúl Martínez, se atrincheró en la empresa tecnológica estatal. Renunció como presidente del directorio, pero aspira a mantener su cargo de gerente general.

Otro de los casos más controversiales es el del ex director de Recursos Humanos de Aerolíneas, Juan Ignacio Uribe, quien exige una indemnización de 418 millones. Es decir, casi 12 millones por mes trabajado. "Desvincularon a nueve directores y treinta gerentes (sin militancia política) solo por haber ingresado durante los últimos cuatro años. Doloroso e incomprensible", se justificó Uribe.

Para alcanzar tal cifra millonaria, Uribe argumentó "daño moral, despido, diferencias de salarios, multas de ley y reclamo de certificado de trabajo". Más reclamos.

Con demandas un poco más austeras, hay otros 25 casos parecidos al de Uribe. Rechazan la indemnización simple y pretenden resarcimiento por varios motivos: desde uso de cocheras y gastos de representación, hasta pasajes para empleados.

La ex gerenta de Alianzas VIP de Aerolíneas también judicializó su adiós. Se trata de una mujer que, tras haber entrado a la empresa aérea en 2017, emitió 211 pasajes casi gratuitos para su esposo, un empresario agropecuario. Así, le sacó el jugo a un beneficio corporativo: el de los vuelos para familiares de los empleados, cuyo uso nunca puede ser con fines comerciales.

En Vialidad, dos gerentes de la etapa macrista (uno de Licitaciones y Compras y otro de Asuntos Jurídicos) exigen indemnización estatal. En ambos casos, provenían de empresas constructoras.

El ex gerente de noticias de la TV Pública, Néstor Sclauzero, le dijo a La Nación: "A mí nadie me dijo que me iban a echar. No pedí ni dejé de pedir. No me dijeron que me corra".

En PAMI se multiplican los conflictos. Algunos subgerentes, ingresados bajo el ciclo de Cambiemos para trabajos técnicos, denuncian persecución política por parte del oficialismo. Algunos fueron trasladados de sede y descendidos de categoría salarial.

En ANSES, el director Alejandro Vanoli anuló nombramientos de 70 funcionarios políticos con elevados salarios (entre los 140.000 y los 190.000 pesos) que habían sido dispuestos por parte su antecesor en el cargo, Emiliano Basavilbaso, solamente dos días antes de las elecciones presidenciales en que perdió Macri.

 

Este lunes, el gobierno nacional aclaró, a través de un decreto, que la doble indemnización no se aplica a los trabajadores del Estado.

A través de un DNU, la Casa Rosada explicó que en el decreto que estableció la doble indemnización "se aludió a la dinámica del empleo asalariado registrado privado". Por lo tanto, advirtió que "una interpretación que condujera a extender los alcances del referido decreto al ámbito del sector público nacional estaría desprovista de toda razonabilidad".

Luego, hace referencia a las "distorsiones" en la aplicación de la doble indemnización, en referencia a los funcionarios macristas que se aferran a sus cargos exigiendo el beneficio. "Ha tomado estado público la situación que se ha suscitado en el ámbito de distintos organismos y entidades del Sector Público Nacional, en los que altos directivos con responsabilidades jerárquicas pretenden encontrarse abarcados por las previsiones de la norma", dice el DNU.

Fuente: Noticiauno

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