La resolución de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el límite de sesenta días impuesto a la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña. Un fallo que restituye principios básicos y devuelve aire a una causa que sigue abierta.
La Justicia, a veces, parece una maquinaria lenta. Otras veces, se vuelve un muro. Y, muy de vez en cuando, hace exactamente lo que debe: poner las cosas en su lugar sin importar los riesgos, las incomodidades ni los atajos fáciles. Eso ocurrió este 27 de noviembre, cuando la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión que pretendía limitar la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña a un plazo de apenas 60 días. La resolución no sólo corrige un error: restablece un principio básico en cualquier Estado que se tome en serio los derechos humanos. Los plazos pueden discutirse. Las hipótesis pueden cambiar. Las estrategias investigativas también. Pero la búsqueda de un niño no se negocia.
Un niño perdido en la Argentina profunda
Loan desapareció un mediodía, durante un almuerzo familiar. Desde entonces, nada. Ni rastros, ni señales, ni certezas. Lo único nítido es el dolor de sus padres y la necesidad de que el Estado haga lo que tiene que hacer: buscarlo, esclarecer lo ocurrido y no clausurar líneas de investigación por cansancio o formalismo. La Cámara Federal de Corrientes había impuesto un límite: sesenta días. Sesenta días para resolver o archivar. Sesenta días para forzar una definición en un caso de extrema complejidad, con un menor de seis años aún desaparecido y con pericias, rastrillajes y diligencias pendientes. La Casación entendió lo obvio y lo esencial: no se puede cerrar lo que todavía está abierto.
El voto que devolvió aire
Los jueces Diego Barroetaveña, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques coincidieron en algo elemental: la decisión de la Cámara correntina era “arbitraria”, estaba apoyada en “fundamentos meramente aparentes” y desconocía la realidad del expediente y del país. La víctima sigue desaparecida. Las medidas siguen en curso. Los compromisos internacionales obligan a buscarla. Y los plazos fijados por el Código Procesal Penal son —como recuerda el propio tribunal— “ordenatorios”, no interruptivos de la verdad. La resolución devolvió algo más que un marco jurídico: devolvió aire. Aire para que la investigación avance sin el corset artificial que pretendía imponer la instancia provincial.
La voz del fiscal Pleé: precisión, firmeza y humanidad
Hay decisiones judiciales que se explican solas. Otras, se entienden por la calidad de quienes intervienen en el proceso. La actuación del Fiscal General Raúl Pleé se ubicó en esta última categoría. Durante la audiencia del art. 468 CPPN, Pleé no improvisó. No buscó protagonismo. Hizo lo que corresponde a un fiscal en un caso que atraviesa a toda la Argentina: recordó que la desaparición de un niño es un hecho de gravedad institucional, que los tratados internacionales no admiten plazos de cierre, que no existía afectación al “ne bis in idem”, y que la investigación debía continuar sin límites temporales, porque así lo exige la ley y así lo demanda la conciencia colectiva.
Pleé también hizo algo excepcional: pidió que los padres de Loan, presentes en la sala, pudieran hablar. El tribunal lo permitió “por razones humanitarias”. Y ellos hablaron. Y lo que dijeron todavía resuena: “No queremos que se cierre el caso… Queremos saber algo de nuestro hijo”. Esa frase basta para entender por qué la decisión de la Casación era necesaria.
El impacto institucional
En tiempos de desconfianza, descreimiento y ruido, esta resolución marca un punto alto: devuelve coherencia a la investigación; protege el interés superior del niño; evita interpretaciones defensistas del proceso penal y reafirma que, en materia de desaparición de menores, el único plazo válido es el de la verdad. La Justicia, esta vez, estuvo a la altura, destaca Perfil.
Un mensaje para el país. No hay épica posible en la búsqueda de un niño desaparecido. No hay victoria fácil. No hay final feliz garantizado. Pero sí hay una responsabilidad: no rendirse. La Casación lo entendió. El fiscal Pleé lo explicó con claridad. Los padres lo dijeron con la voz quebrada. Y el expediente lo confirma una y otra vez: todavía falta mucho por hacer. La resolución de la Sala III no es solo una decisión técnica. Es un recordatorio de que todavía hay jueces y fiscales dispuestos a poner el interés de la víctima por encima de cualquier comodidad procesal. En un país fatigado, descreído y golpeado, este gesto importa.
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