Los jefes comunales del peronismo apoyaron el proyecto de emergencia que propone el gobierno provincial y argumentaron que “nos parece razonable que aquellos que más ganan hagan un esfuerzo adicional para que todos los entrerrianos puedan sobrellevar la situación”.

Los magistrados se niegan a pagar el aporte solidario por única vez para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia. Afirmaron que la iniciativa vulnera “la movilidad jubilatoria, intangibilidad e independencia judicial” y pone en peligro “la gobernabilidad de la provincia”.

Legisladores e intendentes de Cambiemos cuestionaron el proyecto de “emergencia solidaria” que envió a la Legislatura el gobierno provincial. Advirtieron que es una “ley express para aumentar impuestos y seguir sosteniendo el mismo gasto”.

El ministro de Economía, Hugo Ballay, dio precisiones sobre los alcances del proyecto de ley de emergencia solidaria elevado por el Ejecutivo a la Legislatura. Explicó que de aprobarse el texto propuesto, los mayores recursos que se obtengan serán coparticipables a los municipios.

Exlegisladores de la UCR nucleados en la agrupación “Radicales por la Producción y el Trabajo” cuestionaron el proyecto de ley de Emergencia Solidaria enviado a la legislatura por Bordet y lo tildaron de “engaño”. El aporte extraordinario “no es para cambiar nada, sino para seguir con la fiesta”, criticaron.

La diputada nacional del Frente de Todos, Blanca Osuna, se refirió a la situación de la cerealera y al proyecto oficial que busca rescatar a cooperativas, pymes y trabajadores. Diferenció la empresa de los empresarios, pidió investigar lo ocurrido y señaló que el objetivo principal “es la defensa de la empresa, la producción, el trabajo y la mesa argentina”.

La iniciativa crea una contribución especial que deberán pagar las entidades financieras, bancarias, y los propietarios de grandes campos; equipara los impuestos que tributan las droguerías con los de Córdoba y Santa Fe, y propone un aumento progresivo de aportes jubilatorios de activos y pasivos en cabeza del 15 por ciento de empleados y jubilados de los tres poderes del Estado con los haberes más altos.

Legisladores nacionales respondieron a las organizaciones del campo y empresarias que expresaron su respaldo a Vicentin. Desmintieron que exista un proyecto de expropiación y les recordaron los programas de ayuda económica que implementa el gobierno nacional.

El diputado provincial Eduardo Solari celebró un fallo que obliga al Ministerio Público Fiscal (MPF) a brindar información pública al legislador tras un amparo presentado hace una semana. “Hemos dado un gran paso para que el MPF y la ministra de Gobierno Rosario Romero, dejen de acondicionar causas de acuerdo a las necesidades políticas del gobierno”, lanzó.

El juez Elvio Garzón, que entendió en el amparo presentado por el diputado Eduardo Solari y el abogado Rubén Pagliotto contra el jefe de los fiscales, tras la negativa a brindar información pormenorizada sobre causas de corrupción en trámite, condenó al Ministerio Público a suministrar la información solicitada en 48 horas, y le recordó que la obligación de informar es un deber legal y constitucional del Procurador General frente a cualquier ciudadano. La sentencia

El ingeniero Carlos Cadoppi, fundador de Sociedad Rural de Ibicuy y pariente del exministro de Macri, catalogó a los defensores de Vicentin como parte de un sector que avaló “un Estado cómplice con la entrega y la desintegración nacional” durante el gobierno de Cambiemos.

Representantes de 25 organizaciones industriales, agropecuarias, comerciales y del turismo de Entre Ríos firmaron un documento de rechazo al proyecto de expropiación “en respeto y defensa de la propiedad privada”.

Tras la publicación de este medio, que dio cuenta del trabajo legislativo de los diputados provinciales en lo que va del año, el legislador de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda, se quejó en la Cámara porque sus proyectos de ley no estaban cargados en la página oficial. El diputado figuraba sin proyectos presentados. Luego de la publicación de Noticiauno, se actualizaron los registros oficiales y Mattiauda aparece con 3 proyectos de ley de su autoría en 2020.

NOTICIAUNO chequeó que media decena de los diputados provinciales no presentó un solo proyecto de ley en 2020. Otro lote similar introdujo una sola iniciativa. En medio de la pandemia, algunos se ocuparon de pedir que se declare de interés una fiesta provincial o la necesidad de impartir la enseñanza de folclore en las escuelas.

El presidente del radicalismo entrerriano,  Leandro Arribalzaga, dijo que “el Gobierno provincial utiliza la pandemia como escudo, que pareciese un manto de invisibilidad, para no tratar la reforma del sistema jubilatorio, el agente financiero y los cambios a la Justicia”, entre otros.